El accidente ferroviario de Santiago
(Maquinista) –“…debe haber heridos, muchos (…) no puedo salir de
cabina, tenía que pasar a 80 y pasé a 190 o así… esto ya se lo dije al de
Seguridad, ya que eso era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y nos la
íbamos a tragar, y me tocó a mí.
(CRC Atocha) –“Y tú, ¿estás bien?”
(Maquinista) –“Me duele la espalda, tengo la cara sangrando… eso ya se
lo tenía dicho al de Seguridad, que eso era muy peligroso, somos humanos y se
nos puede pasar… eso es inhumano, esta curva… con un anuncio de precaución no,
no… ¡Es que no puede ser, hombre! (…) Ay Dios mío, pobres viajeros, ojalá no
haya ningún muerto…
El 24 de julio de 2013, a las 20:41 horas, el tren Alvia 04155
procedente de Madrid-Chamartín y con destino Ferrol descarriló en la curva
llamada “a Grandeira”, a la altura
del barrio de Angrois, en la periferia de Santiago de Compostela. A bordo
viajaban 224 personas (218 viajeros, el maquinista, el interventor, un guarda
de seguridad, dos empleados del vagón cafetería y el maquinista que había
conducido de Medina del Campo a Ourense). Ochenta fallecieron y todas las
demás, sin excepción, resultaron heridas de mayor o menor consideración. El
tren pasó de 179 a 0 kilómetros por hora en 10 segundos. Es el segundo
accidente ferroviario más grave en la historia del país, solo superado por el
triple choque de trenes de 1941 en Torre del Bierzo, con una cifra de víctimas
nunca cuantificada pero que oscila entre 200 y 500.
En pocos minutos se presentaron
en el lugar más de 140 agentes de todas las policías, bomberos de siete
parques, veintiséis agrupaciones de Protección Civil, médicos de seis
hospitales y decenas de voluntarios de Cruz Roja. En total, trabajaron en el
accidente unas 3.000 personas.
La investigación judicial se
prolongó hasta 2018, y concluyó que los responsables únicos del accidente eran
el maquinista José Luís Garzón y el director de Seguridad en la Circulación de
ADIF, Andrés Cortabitarte. El convoy circulaba a 191 kilómetros por hora en una
curva limitada a 80. Seis kilómetros antes, el maquinista había respondido a
una llamada telefónica de servicio, rebasando sin percatarse las referencias de
reducción de velocidad. Cien segundos después, a punto de acometer la curva
fatídica, el maquinista accionó los frenos de emergencia, pero eso no fue
suficiente y el tren descarriló. Uno de los vagones incluso acabó saliéndose de
la trinchera ferroviaria, acabando en la calle Angrois.
Todos los actos previstos para el
Día Nacional de Galicia fueron cancelados y los mensajes de condolencia y
solidaridad llegaron desde todo el mundo.
Estos son los hechos que nos
contaron. Pero lo que pocos dirán en voz alta es por qué una línea de “alta
velocidad” circulaba por tramos en los que ni siquiera había catenaria, y por
qué una curva en la que había que reducir la velocidad de 200 a 80 kilómetros
por hora sólo estaba señalizada con una mera anotación en el libro de ruta de
los maquinistas y una señal vertical. Esta es la intrahistoria del accidente ferroviario
de Santiago.
En junio de 2010, alguien de ADIF decidió que la vía de Ourense a
Santiago no sería de ancho internacional sino ibérico. Esta decisión,
justificada en una mayor operatividad e interconectividad de las líneas ya
existentes, acarreó un ahorro económico, del tiempo de finalización de la obra,
y la no necesidad de implantar el sistema de balizas de seguridad ERTMS. Más
tarde explicaré en qué consiste esta sopa de letras.
El 23 de junio de 2011, el entonces ministro socialista de Fomento
José Blanco anunció que, en diciembre de aquel mismo año, la Alta Velocidad
llegaría a Ourense, Santiago de Compostela y A Coruña. Dos meses antes, Blanco
había firmado una modificación del proyecto del AVE a Galicia -que llevaba doce
años fraguándose-, y apremiaba a dejarlo concluido “antes de ocho meses”.
El 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular ganó las elecciones y
se preparó para relevar al PSOE del Gobierno.
El 10 de diciembre de 2011, doce días antes de dejar la cartera
ministerial, el ya ministro en funciones José Blanco inauguró la línea de Alta
Velocidad Ourense-Santiago-A Coruña, con la presencia del presidente de la
Xunta Alberto Núñez-Feijoo y la sucesora en el ministerio de Fomento, Ana Pastor.
Dos semanas después, el jefe de
maquinistas de la estación de Ourense envió un comunicado interno a su superior
(Jefe de Producción de los servicios Regionales de RENFE en Galicia), en el que,
entre otros asuntos, destacaba la peligrosidad de la curva de Angrois:
“(…) hay una transición (…) de 200 km/h a 80 km/h de forma brusca y sin
aviso previo por señalización de la vía y sin el amparo del ERTMS puesto que ya
se circula en ASFA [NOTA: El ERTMS finalizaba cuatro kilómetros antes de la
curva de Angrois]. Parece importante estudiar
la posibilidad de solicitar la implantación en la vía de señales de limitación
permanente a 80 km/h”.
ERTMS y ASFA son dos sistemas
ferroviarios de seguridad que monitorizan la actividad del tren mediante
balizas ubicadas entre los raíles. El ERTMS es el más avanzado, las balizas se
disponen de manera regular en la vía e informan constantemente al conductor de
la velocidad y la señalización, llegando a frenar el tren si no se obedecen
determinadas órdenes. Este sistema es de obligada implantación en todas las
líneas de Alta Velocidad. El ASFA funciona igual pero solo tiene balizas junto
a las señales verticales. Es el sistema implantado en la mayor parte de la red
de ancho ibérico. En el caso de la curva de Angrois, el accidente hubiera sido
evitable si hubiera habido una baliza ASFA o ERTMS en el lugar adecuado, pero
los expertos opinan que la posibilidad de accidente habría sido “mucho menor”
si aquella curva hubiera sido monitorizada por el ERTMS.
Volviendo al comunicado del jefe
de maquinistas de Ourense, el Jefe de Producción reenvió este documento al
Grupo de Seguimiento de la explotación de los trenes S-121 en Galicia, Aragón y
Cataluña, que se reunió en Madrid el 28 de diciembre de 2011. Según el acta de
la reunión, se analizaron determinados temas de aquel comunicado, pero no se
puso sobre la mesa el asunto de la curva de Angrois, ni en aquella reunión ni
en las siguientes.
(Fiscal) –“En referencia al
hecho este [circular con el sistema ASFA] y no otro, ¿pudo trascender en la
dinámica del accidente, o en su propia existencia?”
(Maquinista) –“Es que todo va en que yo tengo que saber que en ese
punto tengo que ponerme a esa velocidad, nada más”.
La investigación de este accidente
descubrió, de manera indirecta, una mala praxis de RENFE en relación a la
seguridad de los Alvia S-730: ante unos problemas del software que
interconectaba el tren con el ERTMS, los trenes S-730 circularon unos meses,
entre Santiago y Ourense, únicamente respaldados por el sistema ASFA, “en
beneficio de la puntualidad” según rezaba la circular enviada a su personal. El
fabricante del tren, Talgo-Bombardier, desaconsejó sin matices esta medida que
anulaba de facto la autorización para
circular de esta serie, obligatoriamente supeditada al correcto funcionamiento
del mencionado software.
Vayamos al tren. La serie 730 (llamada
“Alvia” por RENFE, “Supertren” por la prensa de la época y “Frankenstein” por los ferroviarios) se construyó de manera expresa
por el consorcio Talgo-Bombardier para llevar la alta velocidad a Galicia, y se
puso en servicio en 2012. Básicamente se cogieron 15 unidades de la serie 130 y
se le añadieron dos vagones con un grupo electrógeno y un depósito diésel de
1.600 litros inmediatamente detrás de las locomotoras que abren y cierran la
composición. Además, los bogies tenían un sistema de rodadura desplazable, ya
que ni el ancho internacional ni la propia electrificación llegaban hasta
Galicia por aquella vía. El cambio de ancho se realizaba en la estación de Medina
del Campo, aunque actualmente se utiliza el intercambiador de Taboadela, cerca
de Ourense. A fecha de escribir esta crónica, unos dieciséis trenes pasan
diariamente por aquel intercambiador.
Según las fichas técnicas del
730, los furgones generadores tenían un exceso estructural de peso, tanto de su
masa máxima como en el peso por bogie. Esta circunstancia motivó, en 2011, un
“informe de desviación” del fabricante, que consideró admisibles estos excesos
siempre que el S-730 no superara los 250 km/h, velocidad que baja a 180 km/h
cuando utiliza la propulsión diésel.
Observando las imágenes del
accidente (grabadas por las cámaras de seguridad de las vías y pasadas hasta la
saciedad en todas las televisiones), el desequilibrio del Alvia accidentado
empezó con el vuelco del furgón generador que iba tras la locomotora de cabeza,
que arrastró a la propia locomotora y el resto de vagones. El análisis de las
imágenes por parte de diversos profesionales abre incluso la posibilidad de que
el tren hubiera podido negociar la curva sin descarrilar, pese a que el tren
había superado cuatro veces y media la velocidad crítica a partir de la cual
estaba en disposición de perder la verticalidad.
Una de las pasajeras
supervivientes del Alvia era la entonces diputada por el Partido Popular en la
Asamblea de Madrid María Teresa Gómez-Limón. La evacuaron con fracturas en el
esternón, un pie y la segunda vértebra cervical. Tres semanas después del accidente,
concedió una entrevista en un diario sin morderse la lengua: “No me creo que el error fuera solo del
maquinista, a mí que no me cuenten historias”. Gómez-Limón sostiene que la
línea ferroviaria se inauguró sin las medidas de seguridad exigibles, tildó a
los presidentes de RENFE y ADIF de “terroristas”, acusándoles de “ganar sueldazos por tener grandes
responsabilidades que luego no se les exigen”. También arremetió contra
José Blanco por “apresurarse a cortar la
cinta inaugural antes de marcharse” y contra su compañera de partido, Ana
Pastor, por no preocuparse de que la línea cumpliera con las medidas de
seguridad. Unos días más tarde, la diputada recibió en su casa una llamada de
Rafael Català, Secretario General de Fomento, censurándole que arremetiera de aquella
manera contra sus propios compañeros; Gómez-Limón, aún convaleciente física y
psicológicamente, le respondió que “en
estas circunstancias, me importa una mierda lo que le pase al partido”.
Al año siguiente, la Xunta de
Galicia quiso entregar unas medallas a las víctimas del accidente; un buen
número de ellas se negaron, aduciendo que “no querían las medallas, sino que
los políticos colaboraran en aclarar las responsabilidades del accidente”. La
ceremonia se celebró en el Ciudad de la Cultura, y la Policía negó la entrada a
las víctimas disidentes. Entre ellas, estaba María Teresa Gómez-Limón, que
denunció la “dictadura que suponía querer silenciar a una parte de las
víctimas”. Aquel mismo año, Gómez-Limón se dio de baja en el Partido Popular.
El Parlamento de Galicia rechazó
hasta en cuatro ocasiones la creación de una comisión de investigación, con los
votos en contra del PP y la abstención del PSOE. Asimismo, el Parlamento
español rechazó en cuatro ocasiones, con los votos en contra del PP, que se debatiera
en el pleno la creación de una comisión parlamentaria.
¿Y la justicia?
El accidente fue investigado por
el juzgado de instrucción número 3 de Santiago, al frente del cual estaba el
juez Luis Aláez. En su primer auto, imputó a 22 cargos de ADIF, atribuyéndoles
una “grave falta de diligencia” por mantener en la zona el sistema de seguridad
ASFA en lugar del ERTMS. Un mes y medio después, la Audiencia Provincial de A
Coruña desestimó y desimputó a aquellos 22 cargos. El 9 de mayo de 2014, poco antes
de ceder la instrucción, el juez Aláez volvió a imputar a 11 cargos de ADIF que
en junio de 2010 modificaron el pliego de condiciones de las obras de alta
velocidad, dejando sin cobertura ERTMS parte del trazado; les consideraba “potenciales autores de un delito contra la
seguridad colectiva (…) y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones por
imprudencia grave”. El 8 de octubre de 2014 la Audiencia Provincial de A
Coruña, a petición de Fiscalía y con el beneplácito de la Abogacía del Estado,
desimputó otra vez a los cargos de ADIF.
Finalizada la instrucción, este
mes de septiembre arrancará el juicio definitivo, que se prolongará unos meses.
Como macabra efeméride, el veredicto se espera para pocas fechas antes de que
se cumplan diez años de aquel fatídico accidente. Los torpedeos constantes
durante la instrucción judicial y política del caso tienen demasiados agujeros
negros como para poner en duda un pilar tan importante para la democracia como
es la independencia judicial. Conviene recordar que el órgano que vela por la
independencia de los jueces es el Consejo General del Poder Judicial, cuyos
magistrados son elegidos por… los partidos políticos hegemónicos en el Congreso
y el Senado, esto es el PSOE y el PP.
Asimismo, es demasiado “casual” la
inminencia de un cambio político en el gobierno con las prisas de Fomento por
inaugurar la Alta Velocidad en Galicia. Dejadme pensar mal y deducir que el
gallego José Blanco quiso llevar los trenes rápidos hasta “su” tierra durante
su mandato para mayor gloria curricular, imitando lo que ya hicieron otros
políticos en su momento: obras faraónicas que les hacen explotar de orgullo
ante sus paisanos, aunque sea haciendo trampas como vender “Alta Velocidad” en
vías de ancho ibérico que en algunos tramos incluso están sin electrificar,
obligando a construir trenes mixtos que desbaratan los estudios previos de
ingeniería con que fueron concebidos. Ana Pastor, su sucesora, tampoco tomó la
responsabilidad exigida, limitándose a seguir girando la rueda de las
decisiones ya tomadas.
Los grupos mediáticos del país,
contaminados por la ideología de sus mandamases y la anulación del periodismo
crítico en beneficio del espectáculo, se limitan a ser una mera cinta de
tergiversación informativa. Dan por bueno cargar el sambenito al maquinista y a
pintar a las víctimas disidentes como un grupúsculo fanático, desinformado y
manipulado. Como las del YAK-42, el metro de Valencia, víctimas de ETA, el
accidente de Spanair o los bomberos de Zamora, por mencionar el último ejemplo.
Mientras tanto, miles de familias
lloran a sus fallecidos. Muchos han dejado de votar, no leen periódicos y solo
encienden la televisión para ver concursos y realities.
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